·         Subsecretaría de Transportes y ChileValora avanzan en proceso que permitirá que los inspectores del Programa Nacional de Fiscalización puedan posteriormente certificar su experiencia.

Como el inicio de un proceso que busca reconocer el trabajo de los fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para su certificación de competencias, calificaron en la Subsecretaría de Transportes y ChileValora la firma del convenio efectuada esta mañana entre las máximas autoridades de ambas instituciones.

El Programa Nacional de Fiscalización, dependiente del MTT, es una de las primeras instituciones públicas que realizará esta iniciativa para certificar a quienes efectúan esta labor de control vial en gran parte de las calles de nuestro país.

El proceso se enmarca en el contexto de anticipar la implementación de las leyes EAT (Empresas de Aplicaciones de Transportes), Patente 0, Emilia y CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), que son sólo algunos ejemplos de normativas que requieren de acciones fiscalizadoras permanentes.

En ese marco, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó que “a partir de este convenio no sólo se avanzará en la certificación de quienes han trabajado por muchos años en este oficio, sino también se podrá identificar un perfil ocupacional, lo cual permitirá mejorar los procesos de selección de los inspectores”.

La identificación de los estándares de competencias del inspector o inspectora fiscal de Transportes y el levantamiento del perfil se realizará bajo la metodología de ChileValora, en ese contexto su secretaria ejecutiva, Ximena Rivillo, explicó que “este trabajo se realizará en el marco del diálogo social tripartito, con la participación activa y representativa de trabajadores y trabajadoras, empleadores y del Estado, recogiendo su visión y aporte. De esta forma aseguramos la pertinencia de las competencias que se identifican y levantan, se recoge la experiencia de todos los actores sectoriales y se genera un trabajo colectivo que otorga mayor legitimidad al perfil ocupacional”.

Finalmente, es importante destacar que el perfil que se levantará y su plan formativo son un bien de uso público, por lo que quedará a disposición de cualquier persona o institución que quiera tener acceso a esta información, propiciando una sinergia hacia otros organismos que busquen este tipo de competencias.